CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante el destape de las irregularidades cometidas por la Universidad UNIACC, transmitido por el programa de TVN “Esto no tiene nombre”, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile se hace un deber informar a la opinión pública y a todos los Ex Prisioneros Políticos de Chile lo siguiente:
Que ya con fecha 08 de marzo de 2008, nuestra organización comenzó la tarea de denunciar públicamente en el Diario Austral de Osorno (adjuntamos carta denuncia del 08 de marzo de 2008) el escandaloso negocio cometido por la UNIACC en contra de los intereses de las víctimas de prisión Política y Tortura, utilizando para esto los Beneficios Educacionales que fueron entregadas por la Ley 19.992, para realizar estudios de pregrado.
Recurrimos además a diversas autoridades locales (Gobernador de Osorno, Señor Bernardo Candia), planteamos después esta situación al Seremi Regional de Educación Señor Héctor Gallardo y posteriormente a los Señores Diputados Sergio Ojeda, y Javier Hernández. Todas estas gestiones realizadas no causaron ningún efecto, sentimos que las personas antes mencionadas no le dieron ninguna importancia a nuestra denuncia o la desestimaron.
Ante esta situación y conociendo quienes aparecían como principales accionistas (por ese entonces) de esta Universidad (Sr. Jorge Schaulson, Sra. Mariana Aylwin, Sra. Mónica Madariaga, Sr. Alfredo Lamadrid, entre otros) nos dimos cuenta que no iba a ser nada de fácil que alguien de la alta esfera política tuviera la voluntad de encarar esta situación.
Ante esta realidad recurrimos por intermedio de un conocido al Senador Señor Alberto Espina con la esperanza de que se motive y se interese por esta acusación, le enviamos una carta denuncia (va adjunta). Tampoco tuvimos la respuesta que esperábamos, es decir que hayan levantado la voz, llamando la atención como la situación lo ameritaba como solicitar la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, aparte de hacer personalmente la denuncia a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Se limitó a poner a un personero de la Contraloría en contacto con nuestros dirigentes, pero no dio respuesta a nuestra carta. Posteriormente, Contraloría nos solicitó contestar un cuestionario (el cual adjuntamos con nuestras respuestas) cuyo contenido junto al de los otros dos documentos deja claro los fundamentos de nuestra denuncia. Hasta esta fecha, la Contraloría no nos ha informado del resultado de esta denuncia.
Pero hay un hecho del reportaje que nos llama mucho la atención, que allí aparecen dirigentes nacionales de ex prisioneros políticos denunciando a la UNIACC, en consecuencia que ellos mientras dirigían su organización nacional durante el año 2008 recibían aportes para financiar sus congresos y otras actividades (tenemos un balance del año 2008 publicado por esa orgánica, donde acusan recibo de $400.000 de aporte para un espacio radial y $ 200.000 como aporte al congreso del 2008.). Para hacer estas denuncias hay que tener moral y algo de consecuencia y no abusar de la mala memoria, menos cuando hay documentos que certifican esta situación de colusión.
También nos indigna que el Rector Farkas, representante de esta casa de estudios, se dé el lujo, después de haberse aprovechado esta institución inescrupulosamente de nuestros compañeros, intenta ahora presentarlos como “pillos, ladinos o avivados” cuando plantea que estos están realizando estas denuncias, sólo para recuperar el beneficio dado ya que ahora éste se puede transferir a un hijo o a un nieto.
Nosotros hacemos responsable y acusamos en primer lugar al Señor Lagos de lo sucedido, ya que él fue quien en su ley express 19.992 incluyó este beneficio como “una burla más”; ya que estaba conciente de que la gran mayoría no iba a poder hacerlo efectivo (a no ser que se usaran resquicios fraudulentos como los que hoy se denuncian en TVN). Hoy día se constata que los enormes recursos fiscales malgastados, el gran negociado de ciertas universidades e institutos, pudo perfectamente haber servido de base para financiar parte de la INDEMNIZACIÓN justa y adecuada que el Estado de Chile sigue adeudando a las víctimas de la sangrienta represión pinochetista. De la misma forma hacemos responsables a aquellos que siempre se prestaron para apoyar y legitimar todas las decisiones de tipo miserable de los gobiernos de la Concertación y a aquellos que además no puedan demostrar concretamente haber hecho alguna denuncia antes del año 2009, ya que, al contrario, colaboraron para recibir gustosos los aportes de esta institución (hablamos del año 2008). Acusamos y hacemos responsables también a aquellos que no nos escucharon y que no fueron diligentes ante una denuncia tan grave donde se estaba atropellando la dignidad de nuestros compañeros y de paso defraudando escandalosamente al fisco.
Exigimos que se realice un seguimiento de cada una de las becas asignadas y que se investigue a fondo, toda la documentación, contratos, listado de asistencia, se debe citar a declarar a todos los supuestos estudiantes de la UNIAC, también se deben investigar las becas que se han estado entregando a compañeros exiliados, se debe comprobar la veracidad o validez de los títulos ofrecidos, etc.
Finalmente, denunciamos ante la ciudadanía que el Estado de Chile no merece el menor reconocimiento internacional por su política de reparaciones en violaciones a los derechos humanos; al contrario, Chile se ha valido de una estafa comunicacional que ha mantenido engañada a la Humanidad y organismos internacionales. La verdad es que su modelo de reparación se caracteriza por la omisión dolosa del pago de una indemnización, limitándose a otorgar tardíamente pensiones discriminatorias y excluyentes, la gran mayoría inferiores a un salario mínimo, y otorgar beneficios humillantes en salud, similares a los recibidos por indigentes.
Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional UNExPP de Chile
08 de abril de 2010.
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